Que el Ejecutivo y su Gabinete gusten de leer la Biblia en horas de trabajo: cuan solemnes e improductivos. Que diputados mochos, en su tiempo libre, escandalicen alcoholizados en los tables: muy su asunto y su prestigio. Se trata, como nos dio a entender el Gobernador, de la libertad al rezo con goce de sueldo o de opción cultural por cuenta propia.

Pero cuando algunos servidores públicos gustan de jugar a las muñecas con niños y niñas de verdad, no es cualquier pasatiempo. Se trata de delitos graves de índole sexual, violación y pederastia. No son “dichos” (MURAL, 17/9/07), como desearía el Gobernador Emilio González, sino indicios, evidencias y pruebas que relacionan al Procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, y al director jurídico de Alumbrado Público de Guadalajara, Martín Aguirre Aguirre, en delitos sexuales contra menores, en declaraciones asentadas en averiguaciones previas y en una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Como si cualquier cosa, el Gobernador, y el Alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen, dan a sus empleados el beneficio de la duda. En el Congreso, los diputados panistas votan en contra de una iniciativa que hubiera separado a Coronado de su cargo, mientras se le investiga. Ante el obvio conflicto de intereses del Procurador, Emilio propone la creación de una fiscalía especial y recomienda a las víctimas y a sus familiares acudir a Derechos Humanos y dice que “si de ahí sale algo se investigará”. El presidente de la CEDHJ, Felipe